Sebastián Hernández: “La fruticultura no resiste más con reglas pensadas para la Pampa Húmeda”

El presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén expuso ante Agrovalle el delicado escenario laboral de la actividad, reclamó una reforma que contemple la realidad de las economías regionales y advirtió que, sin cambios estructurales, la fruticultura seguirá expulsando productores y empleo.

Una agenda cargada y un reclamo histórico

La semana arranca con intensidad para la dirigencia frutícola del Alto Valle. Reuniones en Buenos Aires con la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Trabajo, encuentros con senadores nacionales y una agenda dominada por un tema central: la reforma laboral y su impacto en una de las actividades más intensivas en mano de obra del país.

Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, sintetiza el espíritu del reclamo con claridad: “No pedimos privilegios. Pedimos reglas que entiendan cómo trabaja la fruticultura”.

Este viernes, la Federación participará de una reunión con cámaras frutícolas y legisladores nacionales para analizar el proyecto de reforma laboral que comenzará a debatirse en el Congreso. El objetivo es poner sobre la mesa una realidad que, según Hernández, sigue siendo ignorada en los grandes debates nacionales.

Mano de obra intensiva y contratos que no encajan

Uno de los ejes centrales del planteo es la especificidad del trabajo frutícola. A diferencia de otras producciones, gran parte de las tareas son discontinuas, de corta duración y altamente estacionales.

“No es una actividad donde el personal está todo el año. Hay labores que duran diez o quince días, otras un mes. Eso genera compromisos laborales que hoy no están bien contemplados”, explica.

La poda, el raleo y la cosecha tienen tiempos definidos, pero existen múltiples tareas intermedias que no encajan de manera clara en los convenios actuales. Allí, advierte, se genera inseguridad jurídica y un terreno fértil para la llamada industria del juicio, uno de los principales temores del sector.

El peso del costo laboral y la inequidad estructural

Hernández apunta a una desigualdad de fondo: las normas laborales y paritarias se definen con parámetros que responden a producciones extensivas, no a economías regionales intensivas en empleo.

“Las economías regionales generamos cerca del 70% del empleo productivo del país. Sin embargo, las paritarias se fijan mirando la realidad de la Pampa Húmeda, donde la mano de obra es mínima”, señala.

En la fruticultura, el costo laboral puede superar el 65% del costo total de producción. En ese contexto, aumentos salariales que acompañan o superan la inflación, sin mejoras en el precio de la fruta, terminan siendo inviables.

“La fruta no se vendió con aumentos equivalentes. Entonces el ajuste se hace solo: menos tareas, menos gente, menos productores”, resume.

Convenios desactualizados y productividad ignorada

Otro punto crítico es la antigüedad de los convenios laborales. En el caso de la cosecha, la última reforma data de 1992. Desde entonces, la actividad cambió de manera radical.

“Hoy las chacras están en espaldera, los sistemas son más rápidos, la productividad es otra. Pero seguimos con convenios pensados para otra época”, advierte.

Según Hernández, las discusiones paritarias se concentran únicamente en salarios, sin abordar la productividad ni la modernización de los esquemas laborales, lo que deja a los productores en una posición cada vez más débil.

Empleo, migración y una paradoja regional

Consultado sobre la falta de trabajadores, el dirigente fue categórico: no se trata de un problema simple. En algunas zonas puede haber faltantes y en otras sobrantes, pero el cuadro general está atravesado por la caída productiva.

A las mermas por granizo y eventos climáticos se suma una actividad en retroceso. “En los últimos 20 años desaparecieron más de 2.000 productores y más de 20.000 puestos de trabajo en la fruticultura”, alertó.

En ese marco, resulta paradójico que Río Negro aporte a un fondo de desempleo cuando la región sigue demandando trabajadores de otras provincias para sostener la cosecha.

“Pagamos un fondo de desempleo que termina financiando a otras provincias mientras nosotros estamos cada vez peor”, cuestionó.

Un llamado político sin rodeos

La Federación reclama que el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Agricultura asuman un rol activo y diferenciado. No se trata solo de salarios, sino de un rediseño integral de las reglas laborales y, más adelante, impositivas.

“Si no se hace una reforma laboral y una reforma impositiva que contemple la mano de obra intensiva, el sector va a seguir sufriendo las mismas consecuencias”, advierte Hernández.

El mensaje es claro y directo: sin cambios estructurales, la fruticultura del Valle seguirá achicándose. Y con ella, una de las principales fuentes de empleo y arraigo productivo del interior del país.