Retenciones cero, costos altos: la pregunta que queda abierta tras las declaraciones de Sergio Iraeta

El secretario de Agricultura sostuvo que los productores entienden que el Gobierno está aliviando la carga fiscal para mejorar la competitividad. En la fruticultura de Río Negro y Neuquén, el interrogante es cuánto de ese alivio se transforma efectivamente en rentabilidad para quien produce.

La definición del secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, merece ser escuchada, pero también puesta en contexto.

En una entrevista publicada por LA NACION, el funcionario sostuvo que existe un clima positivo en buena parte del sector agropecuario y afirmó que “el productor entiende que el Gobierno, en la medida que puede ir aliviando la situación fiscal, lo va haciendo para que el campo sea más competitivo”.

Iraeta también señaló que las economías regionales ya están en cero en materia de derechos de exportación y que existe un camino de reducción progresiva de las retenciones.

La afirmación tiene un punto de partida cierto: para las producciones alcanzadas, la eliminación de los derechos de exportación representa efectivamente un alivio.

Pero en Río Negro y Neuquén aparece una pregunta que merece ser incorporada al debate.

¿Alcanza ese alivio para que la fruticultura vuelva a ser competitiva y rentable?

El propio Gobierno reconoce que no existe una sola realidad productiva

Hay una particularidad de la entrevista de Iraeta que resulta especialmente interesante.

El propio secretario advierte que el campo argentino es demasiado diverso como para ser analizado a partir de una única fotografía. Un productor puede atravesar una buena campaña mientras otro, a pocos kilómetros, puede sufrir una helada, una granizada o una mala cosecha.

Ese reconocimiento es importante porque también obliga a mirar de manera diferente a las economías regionales.

La fruticultura del Alto Valle no tiene la misma estructura económica que la producción de soja, maíz o trigo de la región pampeana.

No tiene los mismos ciclos, ni la misma estructura de costos, ni la misma intensidad de mano de obra, ni las mismas necesidades logísticas.

Y esa diferencia resulta central cuando se habla de competitividad.

Retenciones cero: una buena noticia, pero no toda la ecuación

En el caso de las economías regionales alcanzadas, los derechos de exportación fueron llevados a cero.

Eso es un dato concreto y, desde la perspectiva de una actividad exportadora, constituye un alivio que no debería minimizarse.

Pero hay una diferencia entre reducir un impuesto y resolver la estructura económica de una actividad.

Las retenciones son solamente uno de los componentes que inciden sobre la ecuación.

El productor frutícola continúa enfrentando costos de mano de obra, energía, combustible, fertilizantes, productos fitosanitarios, riego, maquinaria, cosecha, empaque, frío y transporte.

Y existe además una característica que diferencia fuertemente a la fruticultura: una parte importante de esos costos se genera antes de que la fruta llegue al mercado y el productor no siempre tiene capacidad para trasladarlos al precio final.

Por eso, retenciones cero mejora una condición, pero no garantiza por sí misma rentabilidad.

La pregunta que falta responder

Si el objetivo de reducir la carga fiscal es mejorar la competitividad, el paso siguiente debería ser medir esa mejora.

No solamente cuánto dejó de pagar el sector en derechos de exportación.

También cuánto aumentó el precio recibido por el productor.

Cuánto mejoró el margen por hectárea.

Cuánto se redujo el costo de producción.

Cuántas hectáreas volvieron a ser rentables.

Cuántos productores pudieron reinvertir.

Y, especialmente, si la medida contribuyó a detener la pérdida de superficie productiva que viene afectando a algunas producciones frutícolas regionales.

Porque allí aparece la diferencia entre una medida fiscal positiva y una transformación productiva.

El beneficio de la exportación no siempre llega de la misma manera a toda la cadena

Hay otro aspecto que merece atención.

La eliminación de un derecho de exportación puede mejorar la ecuación del negocio exportador, pero no significa automáticamente que ese mismo beneficio se transforme en un aumento equivalente del precio que recibe el productor primario.

El valor final de una fruta exportada está condicionado por múltiples variables: mercado internacional, calidad, destino, tipo de cambio, empaque, frío, logística, comercialización y condiciones de negociación dentro de la propia cadena.

Por eso, la discusión no debería plantearse entre “retenciones sí” o “retenciones no”.

El interrogante más profundo es otro:

¿Cómo se distribuye el resultado económico de una cadena cuando desaparece uno de sus costos tributarios?

La respuesta requiere mirar los números de cada eslabón.

Una particularidad que no puede ignorarse en la Patagonia

La fruticultura de Río Negro y Neuquén es una actividad intensiva en trabajo, capital e infraestructura.

Una hectárea productiva necesita atención durante todo el año.

No se trata solamente de plantar y cosechar.

Hay poda, raleo, tratamientos sanitarios, riego, mantenimiento, fertilización, cosecha, clasificación, conservación y comercialización.
Además, la fruta tiene una característica que condiciona toda la cadena: es perecedera.

Eso obliga a contar con infraestructura de frío y logística adecuada y convierte al tiempo en una variable económica.

En ese contexto, el costo de producir y colocar una caja de fruta en un mercado puede ser tan determinante como el impuesto que se paga al exportarla.

El secretario habla de competitividad. La chacra tiene que poder demostrarla

Iraeta plantea que la reducción de la carga fiscal forma parte de un camino hacia una mayor competitividad.

Es un argumento atendible.

Pero una política económica no debería evaluarse solamente por la intención de la medida, sino por sus resultados.

Y esos resultados, en el caso de la fruticultura, deberían poder observarse en las chacras.

Si el productor logra recuperar margen, renovar montes, invertir en tecnología, mejorar productividad y sostener empleo, entonces el alivio fiscal habrá comenzado a convertirse en competitividad real.

Si, en cambio, la reducción de retenciones queda absorbida por el aumento de otros costos y el productor continúa sin obtener una rentabilidad suficiente para sostener su explotación, la pregunta seguirá vigente.

No se trata de negar el alivio. Se trata de medirlo

La discusión puede plantearse sin confrontaciones innecesarias.

El Gobierno puede sostener que reducir derechos de exportación es una herramienta para mejorar la competitividad.

Y el sector productivo puede reconocer ese alivio y, al mismo tiempo, advertir que todavía existen problemas estructurales que no fueron resueltos.

Las dos afirmaciones pueden ser ciertas.

De hecho, probablemente sea allí donde se encuentre la discusión más interesante.

Porque la fruticultura no necesita solamente pagar menos para exportar.

Necesita que producir sea económicamente viable.

Necesita previsibilidad, financiamiento, infraestructura, energía competitiva, logística eficiente, tecnología, mercados y condiciones que permitan recuperar inversión.

Y necesita, fundamentalmente, que la actividad primaria conserve un margen que justifique seguir produciendo.

La verdadera fotografía estará en los números del productor

Sergio Iraeta tiene razón en un punto: el campo argentino no admite una sola fotografía.

Precisamente por eso, la realidad de las economías regionales merece ser observada con una lupa diferente.

En el Alto Valle, la pregunta no debería ser solamente si las retenciones están en cero.

Debería ser cuánto de ese cero se convirtió en margen.

Porque entre una reducción impositiva y una actividad verdaderamente competitiva existe un camino que pasa por los costos, los precios, la productividad y la rentabilidad.

Y esa cuenta no se resuelve en un anuncio ni en una declaración.

Se resuelve en la chacra.

Allí, donde al final de cada campaña el productor hace la cuenta más sencilla y más determinante de todas:

cuánto costó producir, cuánto pudo vender y cuánto quedó.

Ese número será, en definitiva, el que permita saber si el alivio fiscal anunciado logró convertirse en competitividad real para la fruticultura patagónica.

La verdadera prueba estará en las hectáreas y en el margen

Sergio Iraeta sostiene que el alivio de la carga fiscal debe contribuir a que el campo sea más competitivo. En la fruticultura del Alto Valle, esa afirmación tendrá que medirse con resultados concretos.

En una entrevista realizada por Agrovalle en abril de este año, el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, aportó un dato que permite dimensionar el proceso que atravesó la región: “El Alto Valle llegó a tener 50.000 hectáreas productivas. Hoy estamos en alrededor de 28.000”.

Son aproximadamente 22.000 hectáreas menos respecto de aquel máximo histórico mencionado por el funcionario. No significa que toda esa diferencia responda a una única causa, pero sí revela la magnitud de una transformación productiva que la región no puede ignorar.

Por eso, hacia adelante habrá que mirar más que el porcentaje de retenciones.

Habrá que observar si mejora el margen del productor, si se recupera la inversión, si se renuevan montes, si se sostiene el empleo y, fundamentalmente, si la superficie productiva consigue estabilizarse y volver a crecer.

La reducción de los derechos de exportación es un alivio concreto. La discusión que queda abierta es si ese alivio será suficiente para modificar una ecuación que durante años fue expulsando superficie y productores.

Porque la competitividad no se anuncia: se demuestra en la chacra.

Se demuestra cuando una hectárea vuelve a ser rentable, cuando un productor puede reinvertir, cuando un monte se renueva y cuando una familia decide que vale la pena seguir produciendo.

Al final, la cuenta es sencilla, aunque resolverla no lo sea:

cuánto cuesta producir, cuánto se obtiene por la fruta y cuánto queda.

Ese es el número que, por encima de cualquier discurso, terminará diciendo si el alivio fiscal se convirtió realmente en competitividad.

Y en el Alto Valle, donde alguna vez hubo 50.000 hectáreas productivas y hoy se habla de unas 28.000, esa respuesta no se escribirá en un decreto ni en una conferencia de prensa.

Se escribirá sobre la tierra.