No son 80 hectáreas: el debate que pone en juego el futuro productivo del Alto Valle

El Consorcio de Riego y Drenaje de Villa Regina advirtió sobre los riesgos de urbanizar tierras bajo riego y reclamó una ley provincial que proteja el patrimonio productivo regional. «La discusión no es sobre una parcela; es sobre qué modelo de desarrollo queremos para las próximas generaciones», sostuvieron.

La polémica abierta en Fernández Oro por la posible urbanización de más de 80 hectáreas de tierras productivas volvió a colocar sobre la mesa una discusión que atraviesa a todo el Alto Valle: hasta dónde puede avanzar el crecimiento urbano sin comprometer el futuro de una de las regiones agrícolas más importantes de la Patagonia.

En ese contexto, el Consorcio de Riego y Drenaje de Villa Regina emitió un comunicado con una fuerte definición conceptual y estratégica: «La discusión no es sobre 80 hectáreas. Es sobre el futuro del Alto Valle».

Lejos de centrarse exclusivamente en el caso puntual que hoy genera debate, la entidad planteó una mirada integral sobre las consecuencias que implica la transformación de tierras sistematizadas bajo riego en áreas urbanas.

Para el consorcio, el crecimiento de las ciudades es una necesidad legítima y esperable. Sin embargo, advirtió que cuando la expansión urbana avanza sobre chacras productivas sin una planificación territorial de largo plazo, los efectos terminan impactando mucho más allá de los límites de una localidad.

Mucho más que tierra productiva

Desde una mirada técnica, el Consorcio recordó que cada hectárea que abandona el sistema productivo reduce la superficie que sostiene una compleja infraestructura hidráulica construida durante más de cien años.

Canales de riego, desagües, sistemas de drenaje y obras complementarias continúan requiriendo mantenimiento aun cuando disminuye la cantidad de tierras productivas que los utilizan.

Ese fenómeno genera una ecuación delicada: menos superficie regada implica menos aportantes al sistema, mayores costos para quienes permanecen produciendo y una pérdida progresiva de eficiencia operativa.

Pero para la entidad existe una preocupación aún más profunda.

«Una vez que una chacra bajo riego se transforma en área urbana, el proceso es prácticamente irreversible», señalaron.

La tierra deja de producir alimentos, desaparece la sistematización hidráulica original y se pierde capacidad productiva para las generaciones futuras.

El patrimonio silencioso que sostiene al Valle

El comunicado introduce además un concepto que suele quedar fuera de los debates públicos: las tierras bajo riego constituyen un patrimonio estratégico.

No se trata únicamente de parcelas destinadas a la producción frutícola.

Son empleo rural y urbano. Son actividad económica asociada. Son empaques, frigoríficos, transporte, industrias derivadas y exportaciones.

Pero también cumplen una función ambiental esencial.

Las chacras conforman el principal pulmón verde de las ciudades valletanas, regulan temperaturas, favorecen la infiltración del agua y forman parte de la identidad paisajística y cultural de la región.

Por eso, desde el Consorcio sostienen que el debate trasciende una decisión inmobiliaria o municipal.

Lo que está en discusión es la preservación de una matriz productiva que permitió el nacimiento y el desarrollo de las ciudades del Alto Valle.

Cuando las consecuencias aparecen años después

La experiencia regional muestra que muchas transformaciones territoriales generan efectos que no son inmediatos.

A menudo los problemas emergen años más tarde.

El Consorcio advirtió que la urbanización de áreas productivas puede derivar en alteraciones de los sistemas de drenaje, elevación de napas freáticas, anegamientos, procesos de salinización de suelos y crecientes conflictos entre actividades urbanas y productivas.

Existe además una condición técnica fundamental: el comportamiento del agua.

«El agua no reconoce límites administrativos ni catastrales», remarcaron.

Por esa razón, cualquier modificación significativa del territorio impacta sobre un sistema hídrico integrado que debe analizarse de manera regional y no mediante decisiones aisladas.

Una ley para proteger las tierras bajo riego

Quizás uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento sea la propuesta de avanzar hacia una legislación provincial específica.

El Consorcio considera necesario establecer un marco normativo que proteja las tierras sistematizadas bajo riego, defina criterios claros para los cambios de uso del suelo y oriente el crecimiento urbano hacia áreas aptas para su desarrollo.

La iniciativa busca evitar que cada proyecto se discuta de manera individual y propone abordar el ordenamiento territorial desde una visión de largo plazo.

Según sostienen, el desafío no consiste en impedir el crecimiento de las ciudades, sino en compatibilizar ese crecimiento con la preservación de recursos estratégicos que no pueden recuperarse una vez perdidos.

La discusión de fondo

Detrás de las 80 hectáreas de Fernández Oro aparece una pregunta mucho más profunda que atraviesa a toda la región.

¿Qué Alto Valle imaginan quienes vivirán aquí dentro de treinta o cincuenta años?

La respuesta no involucra solamente a productores, municipios o desarrolladores inmobiliarios.

Involucra a toda una sociedad que deberá decidir si el crecimiento urbano se construye sobre la base de una planificación responsable o a costa de reducir, de manera irreversible, el territorio que durante más de un siglo sostuvo la economía, el empleo y la identidad productiva de la región.

Porque, como advirtió el Consorcio de Riego y Drenaje de Villa Regina, las consecuencias de una mala decisión territorial pueden extenderse durante décadas.

Y una vez que la tierra productiva desaparece, ya no hay marcha atrás.