Sanidad y costos: la Federación logró que Nación y provincias vuelvan a sentarse por la fruticultura patagónica

En una reunión clave realizada en la región, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén participó junto a organismos nacionales, provincias y entidades del campo de una mesa sanitaria que volvió a poner en agenda la barrera patagónica, el financiamiento de eventuales emergencias y la reactivación de un plan de supresión de Carpocapsa, en un contexto de alta presión de costos, chacras abandonadas y fruticultura en emergencia.

La sanidad volvió a ocupar un lugar central en la agenda frutícola patagónica. El presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández, participó de una reunión interinstitucional con organismos nacionales, provinciales y entidades del sector, en el marco de la decisión del Gobierno nacional de avanzar con mesas sanitarias regionales para abordar problemáticas específicas de cada territorio.

El encuentro fue continuidad de una reunión previa realizada durante la visita de la presidenta del SENASA María Betriz Giraudo a la región y marcó un paso político relevante: pasar del diagnóstico a la discusión concreta de programas, responsabilidades y financiamiento. Participaron el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Martín Fernández; autoridades del SENASA; INTA; FUMBAPA; representantes de las provincias; la Federación; CAFI; entidades gremiales del campo como Federación Agraria y Sociedad Rural, además de organizaciones vinculadas a otras producciones regionales.

La barrera sanitaria, en el centro del debate

Uno de los primeros ejes abordados fue el funcionamiento de la barrera sanitaria patagónica. Según explicó Hernández, se analizaron mejoras operativas y tecnológicas orientadas a reforzar los controles, como sistemas de detección anticipada mediante lectura de patentes y cámaras que permiten identificar el tipo de vehículo y su procedencia antes del ingreso a la región.

Desde la Federación se planteó además una demanda histórica del sector: mejorar la comunicación hacia la sociedad. En ese sentido, se propuso incorporar cartelería clara en los accesos a la Patagonia que informe a turistas y transportistas qué productos pueden ingresar, cuáles están prohibidos y por qué la región sostiene un estatus sanitario diferencial.

“La sanidad no es un capricho: es el resultado de un trabajo que se hace dentro de la Patagonia y que tiene costos”, sostuvo Hernández, al remarcar la necesidad de que los programas sanitarios sean conocidos, comprendidos y respetados.

Carpocapsa y costos: consenso para relanzar un programa de supresión

El segundo eje fuerte fue el control de Carpocapsa, una de las principales preocupaciones productivas de la región. Hernández confirmó que hubo consenso para avanzar en un nuevo programa de supresión, adaptado a la realidad territorial y tecnológica de 2026.

La Federación planteó con claridad que el objetivo central es bajar costos al productor. Hoy, explicó Hernández, la presión sanitaria se agrava por la proliferación de chacras abandonadas, loteos y urbanizaciones mal planificadas, que obligan a quienes siguen produciendo a aumentar aplicaciones y asumir gastos crecientes.

“El productor hoy no solo paga los dispensers, sino que vuelve a enfrentar esquemas de aplicación mucho más intensivos por la presión que generan las chacras abandonadas”, advirtió. Esta situación se repite en toda la región y se ha transformado en uno de los factores que más afectan la rentabilidad.

Durante la reunión se analizaron distintas herramientas, como el uso de feromonas líquidas, la reorganización de bloques productivos y la necesidad de contemplar un escenario fragmentado, muy distinto al que existía cuando se implementaron los programas originales.

Tecnología, territorio y validación internacional

También se evaluaron experiencias como la liberación aérea de feromonas aplicada en Mendoza y su posible adaptación a la Patagonia. En ese marco, se analizó el uso de drones como alternativa para manejar superficies más acotadas y evitar conflictos en zonas urbanizadas.

Desde la Federación se remarcó que no habría objeciones sanitarias por parte de Brasil, siempre que las tareas estén debidamente certificadas, avaladas por INTA y correctamente documentadas. “Todo programa que fortalezca una zona sanitaria como la Patagonia no debería generar inconvenientes”, señaló Hernández.

Emergencias sanitarias: una definición política pendiente

Otro punto relevante fue el planteo sobre eventuales emergencias sanitarias. La Federación dejó en claro que, ante la hipótesis de ingreso de una plaga hoy inexistente en la región, la responsabilidad no puede recaer sobre los productores.

“No sería culpa nuestra si ingresara una mosca fértil a la Patagonia. Por eso pedimos que Nación y las provincias se hagan cargo de una eventual emergencia”, explicó Hernández. Aunque aclaró que actualmente no existe ninguna situación de ese tipo, se acordó avanzar en esquemas de contingencia y financiamiento preventivo.

Financiamiento: compromiso de Nación y provincias

En materia de financiamiento, se confirmó que la barrera sanitaria continuará bajo órbita nacional y que el Gobierno nacional tendrá participación económica en el programa de supresión de Carpocapsa, al tratarse de una estrategia sanitaria de alcance nacional. Las provincias de Río Negro y Neuquén también deberán acompañar el esquema.

Aún resta definir presupuesto, territorio a cubrir y modalidad operativa, pero desde la Federación destacaron que existe un compromiso político explícito para avanzar.

Reforma laboral y emergencia agropecuaria

Previo a la mesa sanitaria, Hernández mantuvo una reunión con la Secretaría de Agricultura en la que se abordó la reforma laboral. Según explicó, varios planteos históricos del sector fueron escuchados e incorporados al proyecto en elaboración.

Además, se confirmó que la emergencia agropecuaria será declarada a nivel nacional. En los próximos días se habilitará la entrega de certificados para que los productores puedan acceder a beneficios impositivos y planes de financiamiento específicos, tanto a nivel provincial como nacional.

Finalmente, Hernández anticipó nuevas reuniones con el Ministerio de Trabajo de la Nación para avanzar en una revisión de los convenios laborales vigentes. “No podemos seguir discutiendo todos los años con un convenio de 1992 que no refleja la productividad ni los cambios tecnológicos actuales”, afirmó.

La reunión dejó una señal clara: la sanidad volvió al centro de la agenda frutícola, con Nación, provincias y entidades sentadas en la misma mesa. El desafío ahora ya no es técnico, sino político: transformar compromisos en financiamiento y programas efectivos que preserven el estatus sanitario patagónico y eviten que la sanidad siga siendo un costo imposible de sostener para el productor.