Energía más barata, pero con letra chica: el alivio impositivo que llega al riego y expone las deudas estructurales del sistema
La reducción del IVA del 27% al 10,5% en la energía eléctrica para riego agrícola marca un avance tras años de reclamos. Sin embargo, su alcance limitado, la necesidad de gestión individual y la falta de acompañamiento integral vuelven a poner en evidencia la fragilidad del entramado productivo. Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores, analiza el impacto real y advierte sobre los desafíos pendientes.
Audio de la entrevista al presidente de la Federación de Productores de Fruta de Rio Negro y Neuquén, Sebastián Hernández
Un reclamo histórico que finalmente se concreta
Después de años de gestiones sostenidas por las economías regionales, el sector productivo consiguió una reducción impositiva largamente esperada: la baja del IVA en la energía eléctrica destinada al riego agrícola. La medida, encuadrada en el artículo 189 de la reciente reforma, establece una alícuota del 10,5% en lugar del 27% vigente hasta ahora.
“Es un reclamo de hace mucho tiempo que veníamos trabajando con distintas entidades a nivel nacional. Finalmente se logró incorporar dentro de esta reforma, lo cual representa un beneficio importante”, explicó Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores.
Sin embargo, lejos de presentar el anuncio como una solución definitiva, el dirigente introduce rápidamente un matiz clave: no se trata de una medida universal. Su alcance está limitado a aquellos productores que cuentan con contratación de energía eléctrica específicamente destinada al riego agrícola.
El alcance real: quiénes ganan y quiénes quedan afuera
La segmentación es uno de los puntos críticos. El beneficio impacta principalmente en productores con sistemas de riego electrificados, especialmente aquellos que dependen de bombeo para extracción o distribución de agua. En cambio, quedan al margen quienes utilizan sistemas a combustión o esquemas no formalizados dentro del esquema eléctrico.
“Hoy no es para todos. Es para quien tiene contratación de energía para riego agrícola. La discusión sigue abierta para que el beneficio alcance a todo el sector”, señaló Hernández.
Esta diferenciación no es menor en una región como el Alto Valle, donde conviven distintos modelos productivos y niveles de inversión tecnológica. La heterogeneidad del sistema vuelve compleja cualquier estimación precisa sobre el impacto agregado de la medida.
“No tenemos cuantificado cuántos productores van a ser beneficiados, porque no hay un registro consolidado sobre quiénes tienen este tipo de contratación ni sobre todos los sistemas de riego existentes”, admitió.
La urgencia de la gestión: el beneficio no es automático
Otro aspecto central es la implementación. A diferencia de otras políticas de aplicación directa, en este caso el acceso al beneficio requiere una gestión individual por parte de cada productor ante la distribuidora eléctrica correspondiente.
En Río Negro, el trámite debe realizarse ante EdERSA o las cooperativas locales, mediante la presentación de un formulario específico en el siguiente link
“La clave es hacerlo rápido. Una vez presentado, el sistema lo carga automáticamente. Pero si el productor no llega antes del cierre de facturación, pierde ese mes de beneficio”, advirtió Hernández.
En este punto, la medida introduce una lógica de urgencia que no todos los productores están en condiciones de afrontar con la misma agilidad, especialmente en contextos de alta carga operativa y administrativa.
Más allá del IVA: una estructura de costos todavía asfixiante
Aunque la reducción del IVA representa un alivio concreto en determinados casos, el propio Hernández se encarga de ubicar la medida dentro de un escenario más amplio, donde los costos continúan siendo el principal factor de presión sobre la rentabilidad.
“La situación económica sigue siendo complicadísima. Hasta que no bajen los costos en todos los ítems que venimos reclamando, el productor va a seguir en una lógica muy ajustada”, sostuvo.
En ese sentido, valoró también la reducción de Ingresos Brutos aplicada por la provincia del 3% al 1,5%, pero apuntó con firmeza hacia otro actor clave que, según remarca, aún no ha dado señales de acompañamiento.
El reclamo a los municipios: un eslabón ausente en la cadena de alivio
Uno de los planteos más contundentes de la entrevista estuvo dirigido a los gobiernos municipales. Hernández cuestionó que, a pesar de las reducciones impositivas a nivel nacional y provincial, los municipios mantienen sin modificaciones tasas como la del uso del espacio aéreo, que ronda el 6% en la factura eléctrica.
“Los municipios están haciendo caso omiso. No han acompañado esta reducción, y eso impacta directamente en el costo final de la energía”, afirmó.
El planteo no es solo técnico, sino también político: la producción, advierte, es la base del movimiento económico local, y su debilitamiento tiene consecuencias directas sobre el entramado comercial y social.
“Si no producimos, no hay actividad económica. Los municipios también deberían acompañar este esfuerzo”, enfatizó.
Agenda productiva: financiamiento, sanidad y crisis estructural
Más allá del tema energético, la entrevista permitió trazar un panorama más amplio de la agenda que hoy ocupa a la Federación de Productores.
Entre los ejes centrales aparece la necesidad urgente de financiamiento para malla antigranizo, tras una temporada marcada por eventos climáticos adversos. Según Hernández, se están gestionando líneas específicas con el Banco Nación y alternativas provinciales con condiciones más accesibles.
En paralelo, avanza un proyecto de ley sanitaria orientado a abordar un problema creciente: las chacras abandonadas. La iniciativa busca intervenir sobre predios que llevan más de tres años sin actividad y que generan riesgos sanitarios para las explotaciones vecinas.
“La idea es que no haya excusas para sostener una chacra abandonada que perjudica al resto. Hay que avanzar en soluciones que ordenen el sistema productivo”, explicó.
Entre el alivio y la incertidumbre
La reducción del IVA en la energía eléctrica representa, sin dudas, un paso en la dirección correcta. Pero también deja al descubierto las limitaciones de las medidas parciales en un sistema productivo atravesado por tensiones estructurales.
El desafío, como queda claro en las palabras de Hernández, no es solo reducir costos puntuales, sino reconstruir condiciones de previsibilidad, equidad y sostenibilidad para el conjunto del sector.
En ese equilibrio inestable entre alivios concretos y problemas de fondo, el productor sigue operando una vez más en el delicado límite entre la supervivencia y la necesidad urgente de recomposición.
La entrevista al presidente de la Federación de Productores de Fruta de Rio Negro y Neuquén, Sebastián Hernández, también disponible en todas nuestras plataformas de audio
