La pelea por la renta de los ríos: cámaras empresarias alertan sobre posibles vacíos en la ley hidroeléctrica

La Legislatura debate un canon histórico para las futuras concesiones de las represas del Comahue. Entidades productivas respaldan la iniciativa, pero reclaman cambios para evitar que parte de los ingresos generados por la actividad quede fuera del alcance de Río Negro.

Durante décadas, las grandes represas del Comahue produjeron energía para millones de argentinos. El agua nació en los ríos patagónicos, atravesó los embalses rionegrinos y neuquinos, movió turbinas estratégicas para el sistema eléctrico nacional y generó una riqueza multimillonaria que pocas veces estuvo en el centro del debate público.

Hoy esa discusión cambió.

La Legislatura de Río Negro se prepara para tratar una ley considerada histórica, destinada a establecer un canon por el uso del recurso hídrico provincial en la generación de energía hidroeléctrica. La iniciativa aparece en un momento clave, cuando el Gobierno Nacional avanza con el proceso de licitación de las futuras concesiones de complejos emblemáticos como Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados, activos estratégicos que continuarán operando durante las próximas tres décadas.

La expectativa es enorme.

Por primera vez, la provincia busca fortalecer su participación económica en uno de los negocios energéticos más importantes del país. Sin embargo, en las horas previas a la votación comenzaron a encenderse señales de alerta desde sectores empresariales y productivos que respaldan el espíritu de la norma, pero advierten sobre posibles consecuencias derivadas de su redacción.

La discusión detrás de la discusión

La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), junto con cámaras empresarias, productores y representantes de los consorcios de riego del Alto Valle, expresó públicamente su apoyo a la creación del canon hidroeléctrico.

No obstante, las entidades sostienen que uno de los artículos centrales del proyecto debería ser modificado para evitar futuras

interpretaciones que puedan limitar la capacidad recaudatoria de la provincia.

La preocupación se concentra en la base de cálculo sobre la cual se determinaría la retribución económica que deberán abonar las futuras concesionarias.

Según plantean los sectores que impulsan el reclamo, el mercado eléctrico argentino posee mecanismos de comercialización complejos y diversas formas de facturación que podrían derivar en situaciones donde parte de los ingresos obtenidos por las operadoras no queden alcanzados por el canon provincial.

Por esa razón solicitan que la ley deje expresamente establecido que la retribución contemple la totalidad de los beneficios económicos generados por la explotación hidroeléctrica y no únicamente determinadas modalidades de comercialización.

La advertencia es contundente.

En un negocio que administrará recursos energéticos estratégicos durante treinta años, cualquier diferencia en la definición de la base imponible puede traducirse en montos millonarios.

El trasfondo económico

La discusión adquiere mayor relevancia al observar el nuevo escenario que comenzará a regir con las futuras concesiones.

Los pliegos nacionales establecen un esquema gradual de comercialización de la energía. Durante los primeros años, la mayor parte de la generación tendrá precios regulados destinados a abastecer la demanda prioritaria, mientras que progresivamente se ampliará el porcentaje que las empresas podrán comercializar bajo mecanismos más flexibles.

En ese contexto, la forma en que Río Negro defina la base de cálculo del canon podría convertirse en un elemento determinante para los ingresos provinciales futuros.

Por eso, detrás de los aspectos técnicos, emerge una pregunta mucho más profunda: quién capturará efectivamente la renta generada por uno de los recursos naturales más valiosos de la Patagonia.

Mucho más que una cuestión energética

Las entidades empresarias y productivas no sólo reclaman modificaciones en la redacción de la ley.

También impulsan un debate sobre el destino de los recursos que eventualmente ingresen a la provincia.

Desde la FEERN y entidades del sector productivo sostienen que esos fondos extraordinarios deberían contar con mecanismos específicos de asignación que permitan fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, financiar inversiones productivas y acompañar a sectores estratégicos de la economía regional.

La propuesta encuentra eco en una provincia donde numerosas actividades productivas atraviesan dificultades vinculadas al incremento de costos, la pérdida de competitividad y las restricciones financieras.

La fruticultura, principal economía regional del Alto Valle, aparece entre los sectores que observan con atención el desarrollo de este debate.

Una decisión que excede a la energía

Lo que la Legislatura discute no es solamente un artículo de una ley.

Tampoco se trata únicamente de una cuestión vinculada al mercado eléctrico.

En realidad, Río Negro se encuentra frente a una decisión que podría influir sobre la distribución futura de una renta económica generada por sus propios recursos naturales.

Los ríos seguirán corriendo. Las represas continuarán produciendo energía. Las concesiones tendrán una vigencia de treinta años.

La pregunta que hoy atraviesa a la política, al empresariado y a los sectores productivos es otra: cuánto de esa riqueza permanecerá efectivamente en la provincia y de qué manera se transformará en desarrollo para quienes viven, producen e invierten en el territorio.

Esa es la discusión de fondo.

Y posiblemente una de las más importantes que Río Negro enfrenta desde el regreso de las grandes represas al centro de la agenda pública.