Carpocapsa, chacras abandonadas y un llamado urgente a los productores: “Acérquense a las cámaras”

El presidente de la Federación de Productores advirtió sobre el impacto sanitario y económico de las chacras abandonadas, reclamó una ley provincial urgente y cuestionó la ausencia de financiamiento nacional para sostener el histórico programa de control de carpocapsa.

Entrevista: Sebastian Hernandez: https://open.spotify.com/embed/episode/6iZnGIGuLc0647gKP7wdLP?utm_source=generator

La discusión ya dejó de ser exclusivamente sanitaria. En el Alto Valle, hablar de carpocapsa implica hablar de rentabilidad, abandono productivo, urbanización sobre tierras rurales, conflictos legales y hasta del futuro territorial de la fruticultura patagónica.

En una extensa entrevista con Agrovalle, el presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández, trazó un diagnóstico profundo sobre uno de los problemas más sensibles que atraviesa hoy la actividad: el avance de las chacras abandonadas y el debilitamiento del sistema regional de control sanitario.

Lejos de un enfoque simplista, el dirigente advirtió que la problemática ya no puede analizarse únicamente desde la presencia de una plaga, sino desde una crisis estructural que comienza a comprometer la sustentabilidad misma de la región productiva.

“La sanidad en las chacras que están trabajando es buena. Los productores hacen los trabajos que tienen que hacer. El problema lo tenemos con algunas chacras abandonadas, y eso genera un costo altísimo a los productores que están alrededor”, sostuvo.

El costo oculto de producir junto al abandono

La preocupación central de la Federación pasa hoy por un fenómeno silencioso pero cada vez más extendido: montes frutales sin manejo sanitario, sin aplicaciones y sin mantenimiento, que terminan funcionando como reservorios biológicos permanentes de carpocapsa.

Según explicó Hernández, el productor que continúa trabajando debe afrontar costos adicionales para sostener los protocolos sanitarios exigidos por los mercados.

“No solamente tienen que colocar los dispensers y cumplir con todos los protocolos, sino aumentar la cantidad de curas para mantener a raya la situación”, explicó.

El dirigente fue contundente al señalar que el principal desafío ya no está en las chacras activas, sino en aquellas que quedaron fuera del sistema productivo.

“Cuando miramos las trampas y la red de trampeo encontramos capturas justamente por estas chacras abandonadas que complican toda la situación sanitaria”, afirmó.

Una ley provincial para intervenir chacras abandonadas

Frente a este escenario, la Federación comenzó a trabajar junto a cámaras de productores, técnicos, legisladores y organismos provinciales en la elaboración de una ley provincial específica para abordar el problema.

La iniciativa buscaría otorgar herramientas legales y sanitarias para actuar sobre montes abandonados, particularmente en casos donde existen sucesiones inconclusas, conflictos de titularidad o ausencia de responsables identificables.

“Hoy dentro de las leyes que existen no hay nada que contenga o resuelva este tema”, explicó Hernández.

El dirigente remarcó que la futura normativa no buscaría castigar automáticamente a productores en crisis coyuntural, sino intervenir sobre situaciones prolongadas de abandono.

“No podemos matar a alguien por una situación particular de un año. El problema empieza cuando una chacra lleva dos o tres temporadas abandonadas”, señaló.

La intención, explicó, es construir un esquema que contemple tanto la dimensión sanitaria como la social y jurídica del problema.

El riesgo de erradicar… y dejar tierra improductiva

Uno de los aspectos más relevantes de la entrevista fue el planteo conceptual que hizo la Federación respecto al futuro de las tierras erradicadas.

Para Hernández, eliminar los montes abandonados no alcanza si luego esos espacios quedan improductivos.

“Erradicar y limpiar no resuelve todo. Una chacra abandonada que se erradica después puede generar incendios, afectar a los vecinos y profundizar otros problemas”, explicó.

La advertencia va incluso más allá de lo sanitario.

Desde la Federación observan con preocupación el crecimiento de presiones urbanísticas e inmobiliarias sobre zonas históricamente productivas.

“Si no resolvemos esto correctamente terminamos propiciando loteos y urbanización sobre tierras rurales”, alertó.

El dirigente vinculó además el crecimiento urbano con nuevas dificultades sanitarias: restricciones para pulverizar, conflictos vecinales y contaminación lumínica que según explicó puede favorecer la dispersión de carpocapsa.

“La producción y la urbanización no siempre pueden convivir de manera armónica cuando se pierde planificación territorial”, sostuvo.

La ley nacional de carpocapsa y los fondos que no llegan

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista apareció al abordar la histórica Ley Nacional 25.614, que declaró de interés nacional la erradicación de la carpocapsa y estableció programas de control, promoción tecnológica y mecanismos de financiamiento sanitario.

Hernández reconoció que hoy existe fuerte incertidumbre respecto al destino y utilización efectiva de esos recursos.

“Es claro que no se está utilizando, porque no tiene efecto. Si hubiera un programa funcionando realmente, esto tendría otra realidad”, expresó.

El dirigente sostuvo que el Gobierno nacional se retiró progresivamente del financiamiento sanitario de las economías regionales.

“En estos últimos años el Gobierno nacional se ha retirado del financiamiento, del aporte y del acompañamiento sanitario, no solamente con nosotros, sino con muchas actividades”, afirmó.

También reconoció que desde la Federación comenzaron a exigir información concreta sobre la situación de esos recursos y el funcionamiento real del sistema.

“No sabemos dónde están esos fondos ni por qué hoy no están llegando a la región”, señaló.

El regreso de un programa regional de supresión

Pese al escenario complejo, la Federación comenzó a trabajar en una propuesta para reconstruir un esquema moderno de supresión de carpocapsa.

La idea incluye nuevas tecnologías, aplicaciones aéreas con drones y utilización de feromonas líquidas para reducir costos operativos.

“Estamos evaluando tecnologías nuevas que puedan alivianar el costo del productor y volver a tener un programa regional fuerte”, explicó Hernández.

El dirigente admitió, sin embargo, que el desafío financiero es enorme.

“Estamos hablando de muchos millones de dólares. Primero tenemos que tener claro cuánto cuesta y después ver cómo financiarlo”, indicó.

El llamado a los productores: “Acérquense a las cámaras”

En medio del avance del abandono productivo, Hernández realizó además un pedido concreto a los productores de la región.

Solicitó que quienes detecten chacras vecinas abandonadas se comuniquen con sus respectivas cámaras para canalizar gestiones junto a la Federación y la Secretaría de Fruticultura.

“Es importante que los productores se acerquen a la cámara. Nosotros podemos interceder y trabajar junto a la provincia para buscar una solución rápida”, explicó.

Según indicó, ya existen casos donde lograron avanzar con carpetas de erradicación y acuerdos con propietarios.

Sin embargo, reconoció que los escenarios más complejos aparecen cuando no hay responsables identificables o existen conflictos sucesorios sin resolver.

Una discusión mucho más profunda que una plaga

La entrevista dejó una conclusión de fondo: la crisis sanitaria de la fruticultura ya no puede separarse de la crisis económica y territorial que atraviesa el Alto Valle.

Detrás de cada chacra abandonada aparecen problemas de rentabilidad, endeudamiento, sucesiones familiares inconclusas, presión inmobiliaria y pérdida progresiva de superficie productiva.

Y detrás de la carpocapsa aparece una pregunta mucho más profunda: quién sostendrá el futuro sanitario y económico de la fruticultura regional en un contexto donde cada vez menos productores logran permanecer activos.