Fruticultura en alerta laboral: la Federación llevó a Nación el reclamo por paritarias, convenios y costos estructurales
Sebastián Hernández pidió que las economías regionales sean consideradas en la CNTA, reclamó actualizar el convenio de cosecha y abrió el debate sobre la reforma laboral y la Resolución 136
Audio de la entrevista al presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén
La crisis estructural de la fruticultura del Alto Valle volvió a tener escenario en Buenos Aires. El presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández, se reunió con la subsecretaria de Trabajo de la Nación, Claudia Testa, para plantear una agenda que combina urgencia económica, revisión normativa y rediseño del esquema laboral del sector.
El mensaje fue claro: la actividad frutícola no puede seguir siendo tratada bajo los mismos parámetros que otras producciones extensivas con menor intensidad de mano de obra. La discusión ya no es coyuntural; es estructural.
Paritarias nacionales: “La CNTA no contempla a las economías regionales”
Uno de los ejes centrales fue el reclamo histórico respecto de la negociación salarial en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Hernández sostuvo que quienes deciden sobre empleo rural a nivel nacional no representan realidades productivas como la frutícola.
“La actividad frutícola tiene una intensidad laboral muy superior. No es lo mismo una producción extensiva que emplea pocos trabajadores por hectárea que una economía regional que necesita gran volumen de mano de obra para cosecha, empaque y frío”, explicó.
El planteo ante Nación fue que la CNTA funcione como un espacio de equilibrio real, donde se incorporen las particularidades de las economías regionales. La Federación expuso datos sobre cantidad de trabajadores, estacionalidad y el peso determinante de los llamados trabajadores “golondrina”, indispensables para levantar la cosecha.
El trasfondo es evidente: en un contexto de liquidaciones deprimidas al productor, cualquier incremento salarial definido bajo parámetros generales impacta con mayor severidad en actividades intensivas en empleo.
Convenio de cosecha: la discusión sobre productividad
Otro punto neurálgico fue la conformación de una mesa de trabajo para actualizar el convenio de cosecha, un expediente que —según Hernández— fue reiterado formalmente en 2024 y cuya discusión lleva años postergada.
El núcleo técnico del debate es la productividad. El dirigente mencionó que los parámetros históricos del convenio —en torno a 1.050 o 1.080 kilos— ya no reflejan la realidad productiva actual.
“La actividad se ha reconvertido, hay mayor productividad y sin embargo seguimos bajo esquemas normativos que no acompañan esa evolución. Eso termina generando un costo adicional que el productor no puede absorber”, sostuvo.
Desde la Secretaría de Trabajo se comprometieron a reactivar el expediente y convocar a la mesa. Para la Federación, ese es el primer paso indispensable para rediscutir la ecuación laboral de la cosecha.
Reforma laboral: el debate por el fondo de indemnización
La reunión también abordó el proyecto de reforma laboral que se discute en el Congreso. Hernández explicó que uno de los puntos analizados es la creación de un fondo sectorial destinado a cubrir indemnizaciones, financiado mediante aportes porcentuales de la actividad.
El esquema implicaría reemplazar el pago individual de indemnizaciones por un sistema prefinanciado, con el objetivo de reducir litigiosidad y previsibilidad.
“Si el fondo está correctamente dimensionado, baja la incertidumbre para el productor y garantiza el cobro al trabajador”, afirmó.
No obstante, el dirigente advirtió que el porcentaje de aporte será determinante: cualquier contribución adicional representa un nuevo costo en una estructura ya asfixiada.
La litigiosidad laboral fue otro eje crítico. Hernández cuestionó los juicios que, a su entender, exceden reclamos legítimos y terminan impactando tanto en productores como en trabajadores.
Resolución 136: ¿empaque en chacra para peras y manzanas?
Uno de los capítulos más sensibles fue el vinculado a la Resolución 136, que actualmente contempla la elaboración en campo para determinadas producciones como la uva.
Desde Nación consultaron a la Federación si la actividad frutícola deseaba incorporar peras y manzanas bajo ese esquema. La respuesta fue afirmativa.
La discusión no es menor. Permitir modalidades de empaque en chacra para pequeños productores podría reducir costos operativos que hoy, según Hernández, representan entre el 60% y el 90% del valor final de una caja.
“Hoy una gran parte del valor se lo lleva la cadena alrededor del producto. Al productor le queda un resultado mínimo”, sostuvo.
El dirigente fue enfático en señalar que la iniciativa no busca competir con grandes empresas exportadoras, sino generar una alternativa para pequeños productores y empacadores sin acceso a financiamiento o prefinanciamiento comercial.
El debate promete tensiones internas dentro del propio sector, dado que modifica el equilibrio tradicional entre producción primaria, empaque y comercialización.
Un reclamo reiterado, ahora con interlocución
Hernández remarcó que la Federación no ha modificado su posición en los últimos años: el reclamo por reconocimiento diferencial a las economías regionales es persistente.
“No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo que se considere una estructura productiva distinta”, sintetizó.
La clave ahora será si la Secretaría de Trabajo efectivamente activa las mesas técnicas y si la Secretaría de Agricultura habilita la ampliación de la Resolución 136.
La reunión no resuelve la crisis estructural de la fruticultura, pero abre tres frentes estratégicos:
La disputa por el encuadre laboral nacional.
La actualización de convenios frente a nuevas productividades.
La posibilidad de reducir costos vía esquemas alternativos de empaque.
En una actividad donde la renta primaria está erosionada, la discusión laboral dejó de ser solo salarial para convertirse en un debate sobre competitividad sistémica.
La pregunta de fondo es si el Estado nacional está dispuesto a reconocer que las economías regionales requieren marcos regulatorios diferenciados o si continuará aplicando criterios homogéneos a estructuras productivas profundamente heterogéneas.
Para el Alto Valle, esa definición no es técnica: es existencial.
