Río Negro avanza con una ley pionera para la gestión integral de la fauna silvestre

Con enfoque científico, mirada estratégica y fuerte articulación institucional, la provincia deja atrás un marco legal de hace más de 40 años. La nueva ley no solo protege especies: propone transformar desequilibrios ambientales en oportunidades productivas, con desarrollo local, control sanitario y conciencia ecológica.

Por Redacción.

En un momento en que el vínculo entre las personas, el ambiente y el territorio requiere ser repensado con urgencia, Río Negro dio un paso clave al sancionar una nueva Ley de Fauna Silvestre, moderna y estratégica. Esta normativa reemplaza un marco legal que llevaba más de cuatro décadas vigente, desfasado frente a las nuevas realidades del territorio: especies que se expandieron, ciudades que crecieron, y un entorno que exige gestión integral, no parches.

“La realidad que vivimos hoy no es la misma que hace 40 años. Esta ley viene a ordenar, a modernizar el enfoque y a ofrecer herramientas concretas para una gestión responsable del recurso”, resumió el subsecretario de Fauna Silvestre de la provincia, Roberto Esposito, una de las voces técnicas que lideró el proceso.

La flamante legislación crea el Régimen Provincial de Gestión Integral de la Fauna Silvestre y posiciona a Río Negro a la altura de los estándares internacionales de conservación, como los impulsados por la FAO, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 2030. Es una norma que no nació entre escritorios, sino en diálogo con actores diversos: científicos del CONICET, universidades, INTA, municipios y cooperativas, en una alianza que cruza saberes técnicos con el pulso del territorio.

Fauna como recurso estratégico

Una de las claves de la ley es su diferenciación entre especies autóctonas y exóticas invasoras. Mientras que animales como el guanaco, el choique o la tortuga terrestre deben ser protegidos, restaurados y monitoreados, otras especies como el jabalí o el ciervo colorado requieren un control urgente.

“No intervenir no es una opción: hay que hacerlo con criterio, con orden, con legalidad”, afirma Esposito. El caso del jabalí, por ejemplo, es paradigmático: su expansión descontrolada causa daños en cultivos, destruye nidos de aves nativas, representa un riesgo vial y avanza sobre zonas urbanas, generando tensiones tanto ambientales como productivas.

Pero la nueva ley no se queda en el diagnóstico: propone convertir un problema ecológico en una oportunidad social y económica. ¿Cómo? Habilitando infraestructura para el aprovechamiento sustentable del jabalí bajo condiciones higiénico-sanitarias controladas. Ya se habilitó un frigorífico en Río Colorado, y se proyectan salas similares en Bariloche y Los Menucos.

“Si no completamos el eslabón de la faena, no hay forma de avanzar en el control real”, sostiene el funcionario. La lógica es clara: transformar fauna invasora en proteína de calidad, generar trabajo local y reducir la presión ecológica, con el Estado como garante de legalidad, trazabilidad y articulación con el sector productivo.

Ciencia, educación y conservación

El nuevo marco legal también descansa sobre evidencia científica. Un proyecto conjunto entre el CONICET y el Ministerio de Producción, Agricultura y Fauna ya está evaluando el impacto del jabalí en zonas productivas. Estos estudios serán clave para delinear las futuras estrategias de manejo y control.

Además, la ley establece acciones de educación ambiental, campañas de sensibilización y la creación de un fondo específico para financiar políticas de conservación. “Gestionar fauna no es disparar ni prohibir todo. Es conocer, proteger, controlar, regular y, si es posible, aprovechar”, resume Esposito.

El espíritu que atraviesa la norma no es el de la explotación sin control, sino el de la planificación con responsabilidad. Río Negro no abandona la conservación: la fortalece, con instrumentos modernos y una mirada de largo plazo.

Una red de áreas protegidas clave

El compromiso de la provincia con la biodiversidad no es nuevo. Río Negro es una de las jurisdicciones con mayor superficie conservada de la Patagonia, con 13 Áreas Naturales Protegidas provinciales que resguardan paisajes como la Meseta de Somuncurá, la Bahía de San Antonio o el Cipresal de las Guaitecas. A esto se suman los parques nacionales Nahuel Huapi e Islote Lobos, este último protegiendo más de 190 km² de biodiversidad marina en el Golfo San Matías.

En total, el sistema de conservación rionegrino abarca más de 10.000 km², conformando una red estratégica para proteger especies y ecosistemas únicos del país.

Con esta ley, Río Negro demuestra que la fauna no es sólo parte del paisaje: es un recurso vivo, dinámico y estratégico. Y que su gestión, lejos de ser una disyuntiva entre cazar o prohibir, puede ser una oportunidad para el desarrollo local, la seguridad alimentaria y la restauración del equilibrio ecológico, si se la aborda con conocimiento, planificación y compromiso.

“Hoy Río Negro tiene una ley que mira hacia adelante. Y eso también es cuidar el futuro”, concluyó Esposito.