Hernandez: Se Solicita declarar la emergencia agropecuaria en Río Negro por heladas y granizo. audio

Audio: Sebastián Hernández , presidente de la Federación de productores de fruta.

La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria se reunió para evaluar el impacto de las condiciones climáticas adversas en la producción frutihortícola de Río Negro durante la temporada 2024/2025. En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Fruticultura, el INTA, la Agencia de Recaudación Tributaria (Rentas) y la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquen.

El informe técnico presentado destacó la ocurrencia de heladas tardías con temperaturas de hasta -4 °C, registradas en momentos críticos del desarrollo fenológico de los cultivos. Como consecuencia, se registraron severos daños en perales y manzanos, principales producciones frutícolas de la región. Además, se reportaron eventos de granizo que afectaron cultivos de pepita, carozo y hortalizas en distintas localidades.

Según los datos recopilados, hasta el momento se han confirmado 342 declaraciones juradas con afectaciones superiores al 50 % de daño en los cultivos.

Tras analizar la situación, la Comisión resolvió elevar al Poder Ejecutivo Provincial la solicitud para declarar el estado de desastre y/o emergencia agropecuaria en los departamentos de General Roca, Pichi Mahuida, El Cuy y Avellaneda, por el plazo de un año a partir de la firma del decreto. La medida abarcará a los cultivos de frutas de pepita, carozo, frutos secos, vid, uva de mesa y hortalizas.

Asimismo, se instó al gobierno provincial a gestionar con urgencia ante la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria para que la situación sea reconocida a nivel nacional y se articulen posibles medidas de asistencia para los productores afectados.

En diálogo con este medio, el presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández, destacó la gravedad de la situación y la necesidad de respuestas inmediatas.

La declaración de emergencia es clave para la implementación de beneficios impositivos y financieros que permitan mitigar el impacto de las pérdidas y garantizar la continuidad de la actividad agropecuaria en la provincia.