El INTA en disputa: la Justicia frena despidos y reivindica el rol estratégico del organismo en el territorio

Audio: Jorge Muñiz, delegado del INTA Alto Valle

La reciente resolución judicial que ordena reincorporar a trabajadores despedidos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) abrió un capítulo decisivo en la pulseada entre el Gobierno nacional y uno de los organismos científicos más prestigiosos del país.

En el Alto Valle de Río Negro, donde la fruticultura y la producción agropecuaria son motor económico y social, la noticia fue recibida con alivio y esperanza. Para los técnicos y profesionales que integran la red de agencias de extensión, el fallo no solo implica la restitución de empleos: es un reconocimiento a la función estratégica que cumple el INTA en el acompañamiento cotidiano a productores, en la transferencia tecnológica y en la construcción de arraigo en cada rincón del territorio.

“Lo que está en juego no es solamente un puesto de trabajo, sino la capacidad de innovación y desarrollo del agro argentino”, explicó Jorge Muñiz, delegado del INTA Alto Valle, en diálogo con este medio. “La ciencia aplicada, la asistencia técnica y la generación de conocimiento son pilares para sostener la competitividad de nuestras economías regionales. Sin ese acompañamiento, se debilita toda la cadena productiva”.

El fallo judicial, que rechazó las cesantías firmadas por el ministro de Economía Luis Caputo tras la resolución del Congreso, obliga al organismo a reincorporar a los trabajadores desplazados. En paralelo, el conflicto expone una tensión mayor: ¿cuál será el rol de la ciencia y la tecnología en el modelo de desarrollo que proyecta la Argentina?

La discusión no es menor. En un país donde la producción de alimentos representa más del 60% de las exportaciones, el INTA no solo asiste técnicamente a los productores, sino que también cumple una función social clave. Desde capacitaciones en escuelas rurales hasta proyectos de agregado de valor en chacras familiares, el organismo se convierte en puente entre la innovación y la vida cotidiana del campo.

“Cada agencia de extensión es un faro en el territorio. Cuando el Estado se retira, lo que queda es soledad para el productor y pérdida de competitividad para las economías regionales”, remarcó Muñiz.

El fallo judicial devuelve oxígeno a cientos de familias que veían amenazada su continuidad laboral, pero también devuelve confianza a un entramado productivo que necesita previsibilidad para seguir apostando a la innovación. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta un dilema político y económico: cómo compatibilizar su ajuste fiscal con la necesidad de fortalecer instituciones estratégicas para el desarrollo nacional.

Lo cierto es que, más allá de la coyuntura, el caso del INTA vuelve a poner en agenda una verdad difícil de ignorar: sin ciencia ni tecnología aplicada al agro, no hay futuro para la producción argentina ni para la soberanía alimentaria.

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