Agua en juego: el Estado impulsa la privatización de las hidroeléctricas del Comahue.

Con el decreto 564/2025 publicado el 8 de agosto, el gobierno nacional inicia un proceso de privatización de las centrales Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. El objetivo: convocar un concurso público nacional e internacional en 60 días, con plazos claros y exigencias estrictas para garantizar la continuidad del servicio hasta fin de año. Las provincias productoras, Río Negro y Neuquén, buscan asegurar su participación estratégica en las futuras concesiones.

El viernes 8 de agosto de 2025, mediante el Decreto 564/2025, el Gobierno nacional anunció el inicio formal de un proceso de privatización de cuatro hidroeléctricas clave del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Estas instalaciones, vitales para el abastecimiento eléctrico y la economía regional, cuentan desde hace años con concesiones vencidas, originadas en la apertura del sector energético en los 90.

Claves del decreto

Transferencia y venta: Se autoriza la transferencia de acciones de ENARSA a la Secretaría de Energía, con vista a su venta mediante concurso público nacional e internacional “competitivo y expeditivo”, a convocar en los próximos 60 días.

Continuidad operativa: Las empresas concesionarias actuales (Orazul Energy, Enel generación el Chocón , AES Argentina, Central Puerto) pueden seguir operando si envían una Carta de Adhesión en 5 días corridos, extendiendo su gestión hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se adjudique el concurso.

Si no adhieren, deberán garantizar la generación eléctrica por, al menos, 90 días hábiles para asegurar la conectividad energética durante la transición.

Condiciones : Las que adhieran deben:

  Cumplir contratos vencidos.

  Mantener una garantía mínima de US\$ 4.500.000.

   Ajustarse a cambios en el esquema remuneratorio.

Abonar regalías proporcionales a Río Negro y Neuquén.

  Presentar inventarios detallados y permitir inspecciones

Este movimiento tiene implicancias directas para el desarrollo regional:

La privatización puede redefinir el modelo energético y de inversiones en infraestructura hidroeléctrica en zonas clave del país.

 Las provincias reclaman un rol activo más allá de la consulta formal, buscando participación real en los nuevos contratos y beneficios por regalía.

 El sector agrario, con fuerte dependencia energética, ve en estas decisiones una oportunidad o un riesgo para su competitividad, dado el peso de los costos de energía en la producción.

Al calor del decreto surgen preguntas fundamentales: ¿cómo se aseguran tarifas justas y estables para los productores? ¿Qué lugar ocupará la seguridad hídrica y ecológica en el nuevo esquema concesionario? El desafío es lograr un equilibrio entre la empresarialización del recurso y la protección del interés general, el ambientalismo y el desarrollo rural.

El decreto 564/2025 abre una nueva era para la matriz energética del Comahue: privatización bajo condiciones rigurosas, con tiempos claros, plazos cortos y exigencias firmes. La oportunidad está sobre la mesa: activar una alianza estratégica entre el Estado, el sector privado y las provincias, en pos de un modelo energético moderno, sostenible y equitativo.

El desafío está lanzado: qué rol jugará el agro en ese nuevo paradigma hidroeléctrico.