Langostinos para el arraigo: Río Negro recupera protagonismo en la pesca nacional

El Consejo Federal Pesquero asignó 1.200 toneladas de langostino exclusivamente para descarga y procesamiento en plantas rionegrinas. La medida reimpulsa a San Antonio Oeste como motor de la industria pesquera, en una zona que pelea por trabajo y futuro.

Por redacción.
 San Antonio Oeste: Desde el viento salino que recorre los muelles hasta la mirada curtida de los fileteros que no bajan los brazos, San Antonio Oeste guarda historias de lucha que solo entiende quien ha vivido del mar. Por eso, la decisión del Consejo Federal Pesquero (CFP) de asignar a Río Negro una reserva social de 1.200 toneladas de langostino no es solo un dato técnico: es una bocanada de aire para una comunidad que no se resigna.

La medida, aprobada por mayoría en la reunión del CFP, responde a una reiterada demanda de las autoridades provinciales en el marco de la emergencia pesquera declarada en mayo de 2023. Si bien el pedido original contemplaba un cupo de 3.500 toneladas, esta primera asignación significa mucho más que un número: es el inicio de una reconstrucción estratégica del entramado productivo local.

El mar que genera trabajo

El langostino no es un recurso cualquiera. Su alto valor comercial, su rápido ciclo de reproducción y la posibilidad de incorporar valor agregado lo convierten en una especie clave para las economías regionales del litoral atlántico. Pero esta vez hay una condición decisiva: todo lo que se capture bajo esta cuota deberá ser procesado exclusivamente en plantas rionegrinas. Ni un kilo fuera de la provincia.

Eso implica más trabajo en tierra: más operarios, más logística, más movimiento en un puerto que supo tener días de gloria y que hoy necesita más que promesas. La medida representa un giro de timón hacia el arraigo, hacia la defensa del empleo local, y hacia una mirada federal que impulse la industria desde donde realmente sucede: el territorio.

San Antonio Oeste: puerto y esperanza

El puerto de San Antonio Oeste no es solo infraestructura: es identidad, cultura y economía. Cada tonelada descargada allí impacta en talleres navales, frigoríficos, camiones, comercios, ferreterías y almacenes. La pesca no es una actividad aislada, sino una cadena de valor que sostiene a cientos de familias en la zona.

Durante años, la comunidad portuaria ha denunciado la fuga de recursos hacia otras provincias, con barcos que operaban frente a sus costas pero desembarcaban en puertos lejanos. Esta nueva asignación rompe con esa lógica extractivista y promueve un esquema donde el trabajo quede donde se genera.

Federalismo productivo o promesas vacías

Esta asignación no resuelve todos los problemas. Faltan políticas sostenidas, financiamiento, obras portuarias y previsibilidad para el sector. Pero marca un rumbo. Porque federalismo no es solo reparto de recursos: es dar herramientas para que cada región potencie lo que mejor sabe hacer.

Río Negro, con esta medida, vuelve a mirar el mar no como paisaje, sino como fuerza productiva. Y San Antonio Oeste, que ha resistido con esfuerzo, se vuelve símbolo de una consigna cada vez más urgente: trabajo local para el desarrollo nacional.

“No queremos que nos regalen nada, solo que el fruto del mar que tenemos enfrente se traduzca en trabajo digno para nuestra gente”, dicen en los muelles.

Una política con ancla en el territorio

La decisión se enmarca en el Régimen Federal de Pesca, que regula las capturas en aguas nacionales. Según lo establecido en el Acta CFP N.º 21/2025, será la provincia quien designe los buques habilitados —que deberán contar con permisos nacionales—, garantizando así una gestión ordenada y estratégica del recurso.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, celebraron la medida como una conquista para la provincia y para su gente. “Seguimos trabajando con compromiso para que cada rionegrino tenga oportunidades productivas donde nació. La pesca no puede ser solo números en un escritorio; tiene que ser motor de vida real”, aseguraron.

Además, se resolvió que el procesamiento en origen sea condición indispensable para esta asignación. Esto garantiza que el impacto económico no se diluya, y que los beneficios se traduzcan directamente en infraestructura, empleo y consumo local.