El campo sin red: Nación elimina subsidios ganaderos y sacude al interior productivo

El Gobierno disolvió los históricos regímenes de promoción ovina, caprina, bubalina y bovina en zonas áridas. La medida promete eficiencia, pero en la Patagonia se teme un golpe directo a economías regionales que ya enfrentan altos costos y baja rentabilidad. Productores advierten: “Nos dejan librados al mercado sin herramientas para competir”.

Una decisión que rompe con décadas de apoyo estatal

Con el Decreto 408/2025, el Gobierno Nacional eliminó cuatro leyes clave para la promoción ganadera en regiones vulnerables. El argumento oficial: los programas eran ineficaces, obsoletos y sostenidos con esquemas de subsidios que no generaban resultados. En cambio, propone ahora una “mirada integral”, con menos fragmentación y más protagonismo del crédito privado.

Pero detrás de la retórica modernizadora, el impacto económico directo para provincias como Río Negro puede ser severo. Allí, la ganadería ovina y caprina no solo es parte de la identidad productiva, sino una herramienta vital contra la despoblación rural.

El fin de un sistema… sin reemplazo claro

Los regímenes eliminados —vigentes desde principios de los 2000— permitían canalizar fondos a pequeños y medianos productores para sanidad animal, infraestructura y asistencia técnica. En muchos casos, eran la única fuente de financiamiento formal accesible.

“¿Quién va a prestar plata a 5 años a un productor ovino en la Línea Sur, sin tasa subsidiada ni garantías?”, se pregunta un referente rural en Jacobacci. “El mercado de crédito que se promete no existe para nosotros”.

En Río Negro, el Fondo Ovino benefició a más de 3.000 productores en 2023. Su desaparición, junto a otros esquemas similares, podría dejar sin financiamiento a un sector ya golpeado por el clima, la distancia y los costos logísticos.

El trasfondo político: recentralización y tensión con las provincias

La eliminación de estos regímenes también marca un giro político: concentra decisiones en el Poder Ejecutivo nacional y reduce los márgenes de acción provincial, en un contexto donde las provincias patagónicas ya venían resistiendo otras medidas unilaterales, como la reciente intención de flexibilización de la barrera sanitaria al sur del río colorado.

¿Más eficiencia o mayor desigualdad?

El Gobierno argumenta que, desde la sanción de la Ley Ovina en 2001, el stock nacional bajó más de un millón de cabezas: de 13 a menos de 12 millones. Para el Ejecutivo, eso prueba que los subsidios no funcionaron.

Sin embargo, productores y técnicos del INTA sostienen que sin ese apoyo la caída habría sido mucho peor, y que el problema no fue la política, sino la falta de continuidad, presupuesto y articulación.

En regiones como la estepa rionegrina, la ganadería ovina no compite con otras actividades. Sin incentivos, el riesgo es el abandono de la tierra, la pérdida de empleo rural y el avance de la desertificación.

¿refundación o ruptura?

La eliminación de estos programas puede marcar un cambio de paradigma: menos intervención, más mercado. Pero sin una política de transición clara ni instrumentos financieros accesibles, el riesgo es consolidar una estructura ganadera aún más desigual, en la que solo sobrevivan quienes tienen espalda para sostenerse.

Mientras tanto, el interior profundo se pregunta si esta vez la eficiencia económica será sinónimo de exclusión territorial.